Creemos que hay que ser muy crítico, por tanto, con las declaraciones que culpabilizan a las Juntas Vecinales de no querer presentar las cuentas o de no querer ajustarse a las exigencias de la Ley: éstos son argumentos que maneja el Gobierno para desacreditarlas y ocultar sus verdaderas intenciones, y que por desgracia han calado entre muchos de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos e incluso Alcaldes pedáneos, que piensan que con hacer lo que exija la Ley "estarán salvados". Como hemos intentado mostrar, las exigencias de la Ley contienen algunas trampas que no deben perderse de vista, pues lo único que se persigue por parte de las instituciones del Estado es la apropiación de los ingresos y el patrimonio de las Juntas Vecinales, así como la desaparición de una figura tan democrática (y por lo tanto tan incómoda para los intereses que se promueven desde un Gobierno neoliberal) como es la del
Concejo.
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